El miércoles, en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo la “Primera Jornada sobre Inteligencia Artificial y Estado en la Ciudad”, un espacio de reflexión e intercambio sobre los desafíos y oportunidades que presenta la IA en el ámbito público. La actividad reunió a representantes del sector estatal, académico y privado en la Ciudad de Buenos Aires.
El evento fue coorganizado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, la Legislatura porteña y la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y contó con la apertura de Horacio Corti, vicepresidente primero del Consejo y titular del Comité de Estandarización en IA. Lo acompañaron el procurador general Martín Ocampo, la legisladora Aldana Crucitta y el secretario de administración legislativa Christian Gribaudo, junto a otras autoridades judiciales y funcionarios.
Durante su intervención, Corti destacó las iniciativas impulsadas en materia de inteligencia artificial, como la creación del Comité de Estandarización, el desarrollo de herramientas de automatización y la elaboración de un manual de buenas prácticas. Además, subrayó que la IA se integra a procesos previos de modernización estatal, especialmente en lo referido a la digitalización del Poder Judicial.
La jornada se desarrolló en formato de paneles, donde se abordaron temas vinculados al nuevo escenario tecnológico, el impacto de la IA en la administración pública y las perspectivas del ámbito académico y privado en relación con el desarrollo económico. Entre los expositores participaron especialistas como Juan Corvalán, Lautaro Vasser, Marilina Borneo, Augusto Ardiles y Fulvio Santarelli, entre otros.
Los paneles fueron moderados por Gonzalo Vázquez, integrante del Comité de Estandarización, quien resaltó el posicionamiento del Consejo en materia de innovación y la importancia del diálogo multisectorial para avanzar en la implementación de estas tecnologías.
El encuentro buscó promover un debate institucional sobre cómo la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la gestión pública y la calidad de las decisiones estatales, garantizando al mismo tiempo principios como la legalidad, la transparencia, el control humano y la protección de los derechos fundamentales.
