Docentes, estudiantes y gremios se movilizaron a Plaza de Mayo para exigir más fondos que garanticen el funcionamiento de las casas de estudio públicas y un aumento salarial para los docentes
Una multitudinaria movilización universitaria se realizó este martes en distintos puntos del país para reclamar al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta, impulsada por estudiantes, docentes, rectores y sindicatos, tuvo como acto central una concentración en Plaza de Mayo bajo la consigna “Milei, cumplí la ley”.
La marcha representó la cuarta manifestación federal convocada por la comunidad universitaria desde el inicio de la gestión libertaria. Según estimaciones periodísticas, solo en la ciudad de Buenos Aires participaron alrededor de 120.000 personas. Las columnas comenzaron a movilizarse al mediodía desde distintos puntos de la capital, entre ellas la de la Universidad de Buenos Aires, que partió desde Plaza Houssay.
Durante toda la jornada se vieron banderas, carteles y consignas en defensa de la universidad pública. A las 17 horas se entonó el Himno Nacional y luego comenzaron los discursos sobre el escenario principal instalado frente a Casa Rosada. “Patria sí, colonia no” y “Universidad y democracia” fueron algunas de las consignas más repetidas durante el acto.
El eje central del reclamo fue la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, que establece mecanismos para actualizar los fondos de las universidades nacionales y recomponer salarios docentes de acuerdo con la inflación. Desde el Gobierno sostienen que la norma no especifica claramente las fuentes de financiamiento y argumentan que cumplirla podría comprometer el equilibrio fiscal.
En ese marco, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificaron la movilización como una protesta con motivaciones políticas opositoras. Ambos funcionarios insistieron en que el Ejecutivo únicamente ejecutará el presupuesto vigente.
Sin embargo, desde el sector universitario denuncian que el Gobierno lleva meses sin transferir fondos contemplados por la ley, especialmente partidas destinadas a hospitales universitarios y gastos de funcionamiento. Además, afirman que los recursos enviados actualmente resultan insuficientes frente a la inflación acumulada.
Entre los manifestantes hubo estudiantes, docentes, investigadores, familias, jubilados y trabajadores de distintos sectores. Muchos compartieron testimonios personales vinculados al rol de la educación pública como herramienta de ascenso social.
Una de ellas fue Susana Aguirre, ama de casa de 59 años, quien llevó un cartel con la foto de su hijo recibiéndose en la UBA. “Mi abuelo era analfabeto. Yo terminé el secundario. Mi hijo es el primero de la familia que logró un título universitario”, contó. Explicó además que sin universidad pública él no habría podido estudiar y expresó preocupación por el deterioro presupuestario del sistema.
También hubo fuertes críticas hacia el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Varios carteles ironizaban sobre su figura. “Estudiá, no seas como Adorni”, decía uno de los mensajes sostenidos por estudiantes durante la marcha.
Desde el escenario hablaron representantes gremiales, autoridades universitarias y dirigentes estudiantiles. Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, reclamó que el Gobierno respete las leyes aprobadas democráticamente. En la misma línea, distintas voces insistieron en que el Ejecutivo está incumpliendo una norma ratificada por el Congreso y desoyendo además resoluciones judiciales que ordenaban actualizar partidas y salarios.
El documento leído durante el cierre de la movilización sostuvo que las universidades atraviesan una situación crítica debido a la caída presupuestaria acumulada desde 2023. Según señalaron, las transferencias reales a las universidades nacionales habrían disminuido un 45,6% entre 2023 y 2026, mientras que los salarios docentes se encontrarían en el nivel más bajo desde el retorno de la democracia.
Los organizadores también alertaron sobre el deterioro de hospitales universitarios, laboratorios y carreras científicas. En varios testimonios apareció la preocupación por el éxodo de profesores, el cierre de cursos y la falta de recursos en áreas estratégicas como ciencias exactas, salud e investigación tecnológica.
Uno de los manifestantes, Gabriel Santi, advirtió que sin inversión en ciencia y educación superior “no puede existir autonomía científica ni soberanía nacional”. Según planteó, el desfinanciamiento universitario pone en riesgo la formación de médicos, ingenieros, científicos y docentes necesarios para el desarrollo del país.
La protesta no se limitó a Buenos Aires. También hubo movilizaciones en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Cruz, Tierra del Fuego y distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires.
El conflicto universitario se arrastra desde 2024, cuando comenzaron las primeras protestas por la actualización de los gastos de funcionamiento. Luego, en 2025, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, aunque su implementación quedó frenada por decisiones del Poder Ejecutivo y recursos judiciales presentados por el Gobierno nacional.
Actualmente, la Corte Suprema deberá resolver el conflicto judicial sobre la aplicación de la ley. Mientras tanto, las universidades sostienen que atraviesan una emergencia presupuestaria y que, sin una recomposición urgente de los fondos, peligra el funcionamiento del sistema público de educación superior en Argentina.
