El Gobierno de la Ciudad impulsa un plan de ordenamiento en la Villa 31 con el objetivo de reforzar la seguridad y contener el crecimiento desregulado. En ese marco, se implementaron operativos en los accesos, con retenes policiales y la peatonalización de ciertas calles, para impedir el ingreso de materiales de construcción y desalentar nuevas obras.
La iniciativa también incluye controles sobre edificaciones, desalojos de viviendas y terrenos ocupados ilegalmente, y un refuerzo de la presencia de seguridad. Según explicaron, estas medidas buscan consolidar la integración urbana y garantizar un esquema común de derechos y obligaciones para todos los vecinos, sin distinción del lugar donde residan.
El plan de ordenamiento está conformado por una serie de acciones coordinadas entre la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat, junto con la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad.
“Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
En el marco del Plan de Control de Accesos, cinco de los 13 ingresos vehiculares fueron reconvertidos en calles peatonales, mientras que tres contarán con presencia fija de la Policía de la Ciudad, sumándose a otros tres puntos que ya estaban operativos. Además, dos arterias cambiaron su sentido de circulación, se instalaron bolardos y se implementarán controles móviles y rotativos para fortalecer las tareas de fiscalización y seguridad.
Este jueves se desplegó un operativo especial con retenes y controles policiales en distintos puntos de acceso, entre ellos Colibrí y Ramos Mejía —junto a la estación de ómnibus de Retiro—, Yaguareté e Islas Galápagos —en las inmediaciones del Paseo del Bajo y del Ministerio de Educación porteño—, y Colibrí con Alberto Chejolán (ex calle 14), lindero al Barrio Saldías.
Desde el Gobierno señalaron que el proceso de urbanización de la Villa 31, tal como había sido planteado en 2016, no logró contener el crecimiento desordenado ni avanzar en el ordenamiento territorial previsto por la Ley 6.129. En ese contexto, la Ciudad resolvió implementar nuevas medidas para regularizar la situación.
Jorge Macri destacó el operativo realizado días atrás para demoler una casilla utilizada para la venta de drogas: “Tiramos abajo un búnker y seguimos mejorando la seguridad. Y no podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”, aseguró el jefe de Gobierno.
Como antecedente, desde la actual gestión señalaron que una de las primeras intervenciones en la Villa 31 fue la eliminación de la feria ilegal de la calle Perette, donde se comercializaban productos robados. En el marco del plan de ordenamiento, en el último mes se intensificaron los operativos contra ocupaciones indebidas: se liberaron veredas ocupadas por chatarra —utilizadas como depósitos o extensiones de viviendas—, se desmanteló un lavadero de autos que bloqueaba una calle peatonal y se desalojó una gomería instalada en un micro en desuso sobre la vereda.
Además, se dispuso la clausura de corralones de materiales de construcción que operaban de manera ilegal, ya que la ley de urbanización prohíbe este tipo de actividades para evitar el crecimiento desordenado, que incrementa los riesgos estructurales y de seguridad para los vecinos.
La Villa 31, situada en una zona estratégica de la Ciudad frente a Retiro, se extiende sobre 72 hectáreas y alberga a unas 45 mil personas en condiciones precarias. En ese contexto, también se consolidó como un espacio donde proliferan prácticas especulativas e ilegales. Entre ellas, la venta de “espacios aéreos”, como los techos de las viviendas, y un mercado de alquileres informales que va desde los $300 mil hasta el millón de pesos mensuales. En el caso de los locales comerciales, los valores son aún más elevados, con precios que oscilan entre $1,5 y $1,8 millones. De este modo, quienes operan en la informalidad terminan aprovechándose de personas que necesitan alquilar pero no pueden cumplir con las exigencias del mercado inmobiliario formal.
