Gabriel Esterelles renunció a su cargo como director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), a pocas semanas de que el Gobierno nacional envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Su salida se produjo en medio de una disputa por la autonomía del organismo técnico y de crecientes cuestionamientos de sectores opositores a las medidas impulsadas para modificar su funcionamiento.
La Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria había restringido algunas de las facultades de la OPC y establecido que sus áreas técnicas no podrían elaborar informes extraordinarios sin una autorización política previa. Además, se impulsó una auditoría interna que derivó en cambios estructurales, el retiro del Servicio Administrativo Financiero y el congelamiento de contrataciones de personal especializado que ya había atravesado concursos.
Las medidas generaron tensión debido a que la Oficina había elaborado estudios independientes sobre cuestiones fiscales que presentaban diferencias con las estimaciones difundidas por el Poder Ejecutivo, particularmente en áreas como jubilaciones, discapacidad y financiamiento universitario. Aunque sus informes no tienen carácter vinculante, la OPC cumple un rol relevante en el Congreso al calcular el impacto económico de proyectos, analizar las cuentas públicas y monitorear cuestiones vinculadas con impuestos y deuda.
Tras la renuncia de Esterelles, la Comisión designó como directora interina a María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont, quien permanecerá temporalmente en el cargo hasta que se realice un nuevo concurso público para completar el mandato legal de cinco años. En paralelo, legisladores de la oposición denunciaron que las modificaciones representan un intento de “desmantelamiento” y de subordinación de las capacidades técnicas de control del Congreso.
La salida se conoció mientras la Bicameral que supervisa la OPC, presidida por el senador Agustín Monteverde y el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, había sido convocada a una reunión a puertas cerradas. La intención generó cuestionamientos entre legisladores y finalmente se decidió dar marcha atrás. El conflicto ocurre en un momento particularmente sensible, ante la inminente discusión del Presupuesto 2027 y el papel que tendrán los informes técnicos de la Oficina en el debate parlamentario.