La jueza Marta Elba Pascual habló públicamente tras firmar el fallo que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La medida, que iba a entrar en vigor, reducía la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La magistrada justificó su decisión en la falta de recursos e infraestructura necesaria para garantizar que la ley se cumpla en condiciones dignas y efectivas.

“Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, explicó Pascual. Aclaró que no rechaza la reducción de la edad de imputabilidad en sí misma, sino que advierte sobre los riesgos de aplicarla sin preparación. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló.

La magistrada rechazó que su medida signifique desproteger a las víctimas. Recordó que, bajo la normativa actual, los jueces ya pueden privar de libertad a adolescentes de entre 14 y 16 años, y que en la provincia hay alrededor de 100 menores detenidos en esa franja etaria. “Por un lado tengo que escuchar a la víctima. Por el otro, tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia”, sostuvo.

El fallo generó reacciones inmediatas desde el Gobierno nacional. La senadora Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la ley, criticó con dureza la decisión y acusó a la justicia bonaerense de ser “garantista” y poner en riesgo la seguridad ciudadana. Pascual respondió: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente”.

El objetivo de la suspensión de 60 días es que los poderes del Estado definan durante ese tiempo cómo funcionará el sistema, quién supervisará a cada joven, con qué recursos contarán los centros y qué medidas alternativas se aplicarán. “Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo y no que, si no pasa nada, sea solo encerrarlo”, concluyó la jueza.