El juez Martín Cormick sancionó a la Jefatura de Gabinete con una multa diaria de cien mil pesos ante la falta de acatamiento de una medida cautelar ratificada por la Corte Suprema.

El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario público sumó un nuevo revés institucional para la administración nacional. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, impuso una sanción económica de cien mil pesos diarios (astreintes) a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Diego Santilli, tras constatar el incumplimiento sistemático de una medida cautelar que ordena actualizar los salarios del personal docente y no docente, además de garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles.

La resolución judicial se hizo efectiva luego de que vencieran los plazos legales otorgados al Estado Nacional sin que se concretaran las transferencias exigidas por la Ley de Financiamiento Universitario. En su fallo, el magistrado advirtió que la multa continuará aplicándose de manera progresiva mientras persista la desobediencia a lo dictaminado por los tribunales, en un expediente respaldado previamente por el máximo tribunal de justicia del país.

La penalización económica responde a un reclamo formal presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, entidad que denunció reiteradamente la falta de cumplimiento de la cautelar ratificada por la Corte Suprema el pasado veinticinco de junio.

Pese a las sucesivas prórrogas otorgadas por el juzgado, la Jefatura de Gabinete no ejecutó las partidas requeridas para adecuar los haberes del sector conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor.

En el plano presupuestario, la normativa vigente exige una recomposición salarial significativa y la actualización mensual de los ingresos de trabajadores universitarios, además de la intangibilidad de las partidas para becas. Mientras el expediente de fondo sobre la constitucionalidad de la norma continúa su curso en la Cámara de Apelaciones, este nuevo fallo judicial profundiza la presión económica y política sobre el Ejecutivo en medio de una creciente conflictividad con la comunidad educativa.