El Ministerio de Economía dispuso la entrega de bonos y letras del Tesoro para saldar los más de $810.000 millones que le adeudaba a CABA por el año pasado. Se da tras el acuerdo alcanzado con la administración de Jorge Macri.
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El Gobierno nacional avanzó este viernes en la cancelación de la deuda correspondiente a la coparticipación de 2025 con la Ciudad de Buenos Aires. La operación se concretó mediante la transferencia de bonos y letras del Tesoro por un monto total de 813.000 millones de pesos a la administración encabezada por Jorge Macri, en cumplimiento del acuerdo alcanzado días atrás entre el jefe de Gobierno porteño y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida fue formalizada a través de una resolución conjunta de las secretarías de Hacienda y Finanzas, publicada en el Boletín Oficial. Allí se autorizó la emisión y transferencia de diversos títulos públicos nacionales destinados a saldar la deuda acumulada durante el último año en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos.
El entendimiento había sido anunciado previamente por Jorge Macri, quien destacó que la solución fue posible gracias a meses de negociaciones y diálogo permanente con el Ministerio de Economía. Según señaló entonces, ambas partes mantuvieron la voluntad política necesaria para alcanzar una resolución concreta al conflicto.
El origen de esta deuda se remonta al mecanismo de pago acordado entre la Ciudad y el Gobierno nacional en septiembre de 2024. En ese momento, ambas administraciones habían establecido un sistema de transferencias semanales para cumplir con la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en 2022. Sin embargo, a partir de julio de 2025 esos pagos comenzaron a ralentizarse, generando una acumulación de deuda que finalmente fue cancelada mediante la entrega de una cartera de títulos públicos.
Cómo se compone el pago
La resolución oficial detalla la estructura de los instrumentos financieros utilizados para cancelar la deuda por un total de 813.000 millones de pesos.
El 20% del monto será abonado mediante la entrega del Boncap con tasa del 2,15% y vencimiento el 30 de junio de 2026. Otro 20% se cancelará con una Lecap que rinde un 2,5% y vence el 31 de agosto de 2026. Un tercer tramo equivalente al 20% será cubierto mediante una Lecap con tasa del 2,55% y vencimiento el 30 de octubre de 2026.
El 40% restante será saldado a través de un Boncap con tasa del 2,55% y vencimiento previsto para el 30 de abril de 2027.
La normativa también establece que estos títulos serán transferidos tomando como referencia los valores técnicos calculados al 17 de mayo de 2026. Para completar la operación se dispuso además la ampliación de las emisiones de los instrumentos involucrados y la utilización de 115.755 millones de pesos correspondientes al saldo no colocado de un bono con vencimiento en junio de 2026.
Asimismo, el Gobierno señaló que la operación se encuentra respaldada por las facultades previstas en los artículos 44 y 45 de la Ley de Presupuesto 27.798, que autorizan la realización de operaciones de crédito público.
El origen del conflicto por la coparticipación
La disputa entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por los fondos coparticipables comenzó en 2020. Ese año, la administración de Alberto Fernández redujo mediante el Decreto 735/2020 el coeficiente de coparticipación que recibía la Ciudad, que pasó del 3,5% al 2,32%. Los recursos fueron reasignados a la provincia de Buenos Aires en medio de un conflicto salarial protagonizado por efectivos de la policía bonaerense.
Posteriormente, la sanción de la Ley 27.606 modificó nuevamente el esquema de distribución, estableciendo para la Ciudad un porcentaje base del 1,4% más una suma fija destinada al financiamiento de la seguridad. Esta decisión fue cuestionada por el Gobierno porteño, que presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia.
A fines de 2022, el máximo tribunal dictó una medida cautelar mediante la cual ordenó restablecer para la Ciudad un coeficiente de coparticipación del 2,95%. Sin embargo, la administración nacional de entonces no implementó esa resolución judicial.
A pesar del acuerdo alcanzado recientemente para cancelar la deuda correspondiente a 2025, continúa pendiente la discusión por los fondos acumulados entre 2020 y 2023. Según sostiene el Gobierno porteño, ese pasivo asciende a aproximadamente 6.000 millones de dólares y no fue incluido en el entendimiento firmado entre ambas administraciones.
